"Sobre herencias, legalidades y territorios"

SPAM

Se mira pero no se toma

"Sobre herencias, legalidades y territorios"

Se mira pero no se toma

Compartila:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Durante 2017 dos hechos represivos en la Patagonia pusieron de manifiesto el recrudecimiento del conflicto por la disputa territorial entre las comunidades mapuche, el Estado y los grupos económicos concentrados. Si bien  tomaron relevancia pública la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y el asesinato de Rafael Nahuel, la visibilización y movilización social fue muy desigual, expresando y reproduciendo diferentes representaciones para cada caso.

Desde hace unas semanas, los territorios ocupados por la Comunidad “Lafken Winkul Mapu” en Villa Mascardi –en tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi, a 35 kilómetros de Bariloche- volvieron a ser tapa de los diarios nacionales[1]. Mientras circulan en los medios de comunicación, fotografías de distintas propiedades “vandalizadas” (hoteles, cabañas, máquinas), en las redes sociales grupos civiles comenzaron a gestionar un desalojo por “mano propia” de los “usurpadores y forajidos”.

Observando los dos momentos y los actores políticos en juego, contrastan a simple vista las interpretaciones antagónicas de las responsables del Ministerio de Seguridad nacional. Mientras la actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich fogoneaba la “teoría del enfrentamiento”, justificando el despliegue represivo de la Gendarmería y el grupo Albatros bajo órdenes de la Prefectura; la antropóloga Sabina Frederic esboza hoy un papel mediador que busca frenar la escalada de violencia y evitar un enfrentamiento entre ambos grupos civiles -alegando además, que las tomas de tierras exigen una respuesta integral.

Lo que nos interesa ilustrar aquí es el rol de la prensa nacional (ayer y hoy) en la producción de discursos de verdad. Estos discursos construyen categorías sobre acciones legítimas e ilegítimas, reproducen clasificaciones hegemónicas sobre el territorio, y trazan representaciones identitarias sobre el pueblo mapuche. En los modos de “cubrir” la ocupación de terrenos en Villa Mascardi vuelven a esconder la desigual distribución de las relaciones de poder y enmascaran la violencia estatal, proyectando en los sujetos que realizan acciones que desafían el orden establecido.

Con el término “enfrentamiento”, se desenvuelven atributos simbólicos del poder. Las voces de Bullrich y Garabano -ex responsables de las carteras de seguridad y justicia- se amplificaban en las voces de los medios hegemónicos, presentando como equivalentes dos fuerzas completamente desiguales. El lugar de “violentos” e “ilegales” es asignado a las clases subalternas (que no cuentan con el derecho a réplica). La ocupación del predio implica la ilegalidad de acceso al territorio, desconociendo la violencia estatal. Se construye una imagen estigmatizante, que representa a la comunidad mapuche como un otro, ajeno a los símbolos patrios y leyes argentinas.

En los episodios más recientes, la estigmatización se radicaliza, poniendo el foco en la “inacción” del Estado con los grupos “violentos”, y se adhieren como víctimas “los vecinos de Bariloche”.   La misma categoría de “vecino” presupone derechos de ciudadanía y contrapone imaginarios extranjerizantes de la comunidad mapuche, quienes a su vez “vandalizan” un hotel en medio del “paraíso” turístico. Se esconde así un entramado discursivo que se ampara sobre usos legítimos del territorio para el turismo o la especulación inmobiliaria. En la posibilidad de acceso al ocio además, se expresa la desigualdad social en términos de clase y de etnia.

Sin embargo, los medios de comunicación y los “vecinos” blancos entienden la ocupación de la propiedad como una “invasión” que “atemoriza”, “alarma[2]” y convierte la zona en “tierra de nadie”. La comunidad, alegando “falsos derechos ancestrales” es caricaturizada como los “herederos[3]” del “terrorista chileno” Facundo Jones Huala[4]. El abordaje mediático es punitivista y xeno/aporofóbico[5]. Por un lado, se reconstruye una diferenciación racial, que apela a un ideal histórico “civilizatorio”, donde los turistas son víctimas, y el indígena es representado como un vándalo y un salvaje. Por otra parte, se utilizan “estrategias” discursivas novedosas para evitar el racismo explícito. Se fomenta una división tajante que busca fracturar al pueblo mapuche, separándolos entre violentos y no violentos, generando la imagen de una etnicidad “buena” y otra “disfuncional”[6].

En el territorio en disputa, la machi -figura ancestral, médica y religiosa del pueblo mapuche- enraizará su experiencia de aprendizaje. Allí ejercería usos de plantas medicinales, de las energías y prácticas que vinculan experiencias a las presentes y pasadas. La acción colectiva llevada adelante por la comunidad entra en tensión con la territorialidad hegemónica, y abre líneas de fuga para problematizar otras formas posibles de entenderla.

En estas líneas nos propusimos repensar al territorio como la cristalización de una conjunción de territorialidades y de estrategias de diversos actores por apropiarse del espacio. En un contexto de crisis social, ambiental, económica y habitacional, emergieron en las últimas semanas en gran parte del país distintas “tomas” de tierras. Frente a los argumentos punitivistas de los guardianes del orden, de los medios hegemónicos – que refuerzan dispositivos de control y seguridad ante las problemáticas territoriales;  es vital poner el foco en el rol del Estado como arena de disputa -y también de consensos- que ponga en tensión las miradas restrictivas de la ciudadanía. Mientras se circunscriba a un problema de seguridad, es inviable que esto suceda. Sólo desde un Estado integral, que se haga cargo del conflicto social, será posible incorporar las reivindicaciones de los sectores subalternos, plebeyos, que democraticen el acceso y el derecho a la tierra.


[1] Por ejemplo, https://www.lanacion.com.ar/editoriales/villa-mascardi-territorio-mapuche-argentino-nid2422997

[2] https://www.lanacion.com.ar/sociedad/ocupacion-villa-mascardi-mapuche-betiana-colhuan-nid2436788

[3]https://www.clarin.com/sociedad/herederos-jones-huala-vuelven-ataque-patagonia_0_utxyqqaUr.html

[4] Facundo Jones Huala, líder mapuche y miembro de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), nacido en Bariloche, pero con militancia social y política en ambos lados de la cordillera. En un polémico juicio de extradición planificado y ordenado de común acuerdo por los gobiernos de Argentina y Chile, fue condenado a 9 años de prisión -luego de estar encarcelado casi 4 años en Argentina- por un incendio y portar armas de fuego cerca de Temuco.

[5] Basta contraponer algunos ejemplos para iluminar cómo los medios hegemónicos hacen silencio cuando tierras de comunidades indígenas o poblaciones campesinas son invadidas por empresarios para desmontar y cercar terrenos para proyectos ganaderos o agroindustriales. En Misiones, el terrateniente y CEO de Moconá S.A., Nicolás Laharrague acapara decenas de miles de hectáreas de tierra, incluyendo vastas superficies en la Reserva de Biósfera Yaboty. Bajo el gobierno de Cambiemos, fue designado como subsecretario de Desarrollo Foresto-industrial de Nación. En Río Negro, el magnate británico Joe Lewis, adquirió -falseando datos, negando constituir una sociedad con capitales extranjeros- en 1996 12 mil hectáreas que incluyen el acceso privado al Lago Escondido, ubicado 45 kilómetros al norte de El Bolsón. A pesar de diversas presiones y fallos del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, que exigían libre acceso al lago glaciar, el empresario sigue gozando de privacidad exclusiva en su estancia, donde además realiza producción ganadera (vacunos y ovinos) y fruticultura (frutas finas).

[6] Estas estrategias se realizan a través de la categoría del “indio permitido”, acuñada por el historiador norteamericano Charles R. Hale; que no se refiere a una persona en particular, sino a un método para describir cómo los gobiernos y los grupos hegemónicos utilizan los derechos culturales para dividir y neutralizar a los movimientos indígenas. Se trata de una lógica que dirige los reclamos “radicales” al otro lado de la división entre lo autorizado y lo prohibido. Su “otro”—el desautorizado—es rebelde, vengativo, y conflictivo.

AUTORES: